Por Juan Esteban Portilla
Frisby, la emblemática cadena colombiana de pollo frito, se ha visto envuelta en una inesperada disputa legal tras descubrir que su marca fue registrada en España por un tercero sin su autorización. Mientras la empresa original factura más de $229,75 millones de dólares anuales y opera más de 280 locales en Colombia, en Europa se constituyó una sociedad con apenas 2.000 euros para utilizar el mismo nombre y atributos visuales, con la intención de captar al público colombiano residente.
Desde el punto de vista jurídico, registrar una marca similar o idéntica en otro país puede ser legal, siempre y cuando la marca original no esté registrada ni usada comercialmente en esa jurisdicción. Es el principio del “first to file”: el primero que registra, gana. Pero que algo sea legal no lo convierte automáticamente en ético.
Usar el reconocimiento de una marca extranjera para abrirse camino en otro mercado, sin acuerdo, sin licencia y sin autorización, es un acto que cruza la línea del oportunismo. Por eso, más allá de los tribunales, Frisby ha ganado algo más valioso: respaldo social y reputacional. Grandes marcas como Alpina, Crepes & Waffles, Juan Valdez, Nissan, Dunkin, Rappi, Éxito y muchas más se sumaron a una campaña digital con ingeniosos mensajes de “a-pollo” a la marca original, mostrando que la defensa de la identidad comercial también puede ser colectiva.
Frisby ha sabido transformar esta crisis en una oportunidad para reforzar su posicionamiento y recordarle a los consumidores en Colombia que la autenticidad importa. No se trata solo de vender pollo. Se trata de respetar la historia, el esfuerzo y la marca de quienes llevan décadas construyendo reputación con trabajo honesto. Y eso, aunque no siempre esté escrito en la ley, también cuenta.
