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Colombia y Costa Rica lideran el teletrabajo en la región

Por Redacción OnData

Resumen. ​Según la Organización Internacional del Trabajo, Colombia y Costa Rica encabezan el teletrabajo en América Latina, aunque con tasas aún por debajo del 15 %. Desde 2020, varios países han reformado sus normativas laborales para adaptarse al home office, impulsando derechos como la desconexión y condiciones para el trabajo remoto. Aun así, la región enfrenta desafíos de baja productividad y brechas digitales.

Colombia y Costa Rica se destacan como los países líderes en América Latina en la adopción del trabajo remoto, aunque sus niveles aún no alcanzan el 15 % de la fuerza laboral, según un reporte reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este estudio, parte del informe El Estado de la Justicia Social en el Mundo, señala que mientras en Europa el teletrabajo supera ampliamente ese umbral en varios países, en Latinoamérica el avance es moderado pero significativo.

Desde la pandemia de 2020, varios países de la región han actualizado regulaciones para el teletrabajo o han creado leyes nuevas que clarifican derechos y obligaciones tanto para empresas como para trabajadores. Entre los cambios más comunes están las normativas sobre la definición legal del home office, quién asume los costos de los equipos, medidas de salud y seguridad ocupacional, y el reconocimiento del derecho a la desconexión fuera del horario laboral.

En cifras específicas, Colombia pasó de un 11 % de trabajadores remotos en 2019 a alrededor de un 13 % en 2023. Costa Rica tuvo una evolución similar: de ~8 % en 2019 a cerca del 13 % en 2023. Aun así, estos niveles están lejos de los alcanzados por países europeos como Noruega, Islandia o Suiza, donde la adopción del teletrabajo supera el 30 %.

Aunque el crecimiento del home office ha sido positivo, persisten desafíos estructurales. Existen brechas en infraestructura digital, acceso desigual a tecnologías, y barreras legales o culturales que limitan su expansión plena. Además, se observa que muchas regulaciones implementadas aún están en fases iniciales, con definiciones vagas o ausencia de mecanismos efectivos de protección.