Por Redacción OnData
Resumen. El presidente Noboa envió a la Asamblea la proforma presupuestaria 2026, que prevé ingresos por $30.121 millones y gastos por $35.534 millones, con un déficit de $5.414 millones (3,9% del PIB). El monto global del presupuesto, incluidos financiamiento y amortizaciones, asciende a $46.255 millones. La propuesta elimina el subsidio al diésel y autoriza usar deuda, venta de activos y recursos petroleros para financiar salud, educación y justicia.
El Gobierno ecuatoriano proyecta ingresos totales por $30.121 millones en 2026, de acuerdo con la proforma presupuestaria enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. El Presupuesto General del Estado (PGE) alcanza los $46.255 millones, incluyendo financiamiento y amortizaciones. Los gastos se calculan en $35.534 millones, lo que deja un déficit fiscal de $5.414 millones, equivalente al 3,9% del PIB, que será cubierto mediante operaciones de financiamiento público. La Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar o realizar observaciones al documento, antes de que entre en vigencia automáticamente.
La proforma 2026 contempla un incremento del 9,8% en ingresos y del 7,5% en gastos respecto al año anterior. Entre las medidas clave se incluye la eliminación del subsidio al diésel, lo que permitirá un ahorro estimado de $1.300 millones anuales. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un crecimiento del PIB del 1,8%, con un valor total de $139.046 millones, una inflación promedio del 3,2% y un precio del barril de crudo de $53,5, nueve dólares menos que en la proforma anterior debido a la baja global de precios del petróleo.
Más crecimiento, más ventas y más movimiento productivo en #ElNuevoEcuador. 🇪🇨 pic.twitter.com/EvEyLwxlSI
— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) November 1, 2025
Para cumplir con los compromisos del gasto público, el Ejecutivo emitió el Decreto 199, que autoriza el uso temporal de ingresos no permanentes como deuda, venta de activos o petróleo para cubrir gastos permanentes en salud, educación y justicia. Según el decreto, la medida busca aliviar la inflexibilidad presupuestaria y reducir la presión sobre las cuentas fiscales. Del total de $23.482 millones asignados a gastos permanentes, $10.079 millones se destinarán a pago de personal, reflejando la alta carga salarial del sector público.
El Gobierno asegura que se mantendrán los incrementos constitucionales del 0,5% del PIB para salud y educación, con asignaciones de $5.840 millones y $5.984 millones, respectivamente. Estas partidas buscan fortalecer los servicios esenciales y garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales establecidos en la Constitución. De no pronunciarse la Asamblea dentro del plazo de 30 días, la proforma 2026 y la programación cuatrianual 2026–2030 entrarán en vigencia automáticamente, consolidando así las proyecciones económicas del Gobierno para el próximo año.
