Por Redacción OnData
Resumen. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea un proyecto de ley urgente que exige mayor control y cumplimiento tributario a fundaciones, ONGs y entidades sin fines de lucro. La normativa crea un registro obligatorio en un sistema unificado de información de organizaciones sociales y modifica leyes clave como la de Régimen Tributario Interno. Las organizaciones tendrán 90 días para cumplir una vez aprobada.
El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, presentada como una ley económica urgente, con el objetivo de establecer mecanismos de supervisión estricta para fundaciones y ONGs. Según el mandatario, estas organizaciones se utilizan en ocasiones “como vehículo de lavado de dinero para financiar organizaciones narcoterroristas”, y por ello necesitan un marco regulatorio más estricto.
Esta propuesta representa la cuarta iniciativa legislativa con carácter económico urgente en lo que va de su mandato. La Constitución (artículo 140) autoriza al presidente a presentar este tipo de proyectos para ser tramitados en un plazo máximo de 30 días. Si la Asamblea no los aprueba, modifica o rechaza en ese periodo, el presidente puede promulgarlo como decreto-ley.
🇪🇨 | ¡MONITOREAR EL DINERO DE LAS FUNDACIONES ES NECESARIO!: Mónica Salazar, asambleísta por ADN, respaldó el proyecto de ley del presidente Daniel Noboa para controlar financieramente a fundaciones y ONG. “Hay cerca de 70.000 en Ecuador que mueven millones. La Unidad de Análisis… pic.twitter.com/Ut1W1c0WeN
— La Derecha Diario Ecuador (@DerechaDiarioEC) July 30, 2025
El proyecto apunta a transformar el funcionamiento de entidades sin fines de lucro, incluyendo fundaciones y corporaciones, especialmente aquellas que manejan fondos de origen nacional o extranjero. Se espera que incluya requisitos de transparencia, auditoría y control estatal, obligando a justificar el origen de sus recursos y mecanismos de rendición de cuentas más formales.
Noboa aclaró que la normativa no va dirigida a todas las ONGs, sino únicamente a aquellas que no puedan demostrar el origen de sus fondos. La intención es combatir actividades ilícitas como la minería ilegal y la desestabilización de instituciones, sin perjudicar a las organizaciones que operan de forma honesta y transparente.
