Por Redacción OnData
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En el episodio #174 de OnData Talks analizamos una de las instituciones más controversiales del país: la Asamblea Nacional. Si la viéramos cómo una empresa, ¿Cómo funcionaría? ¿Qué tan eficiente sería su gestión? ¿Qué pasaría si tuviera que rendir cuentas como cualquier organización ante sus “accionistas”, los ciudadanos?
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La estructura de una Asamblea–empresa
La Asamblea Nacional funciona como una gran corporación pública, con distintas áreas y niveles jerárquicos. En la cima está el Pleno, integrado por 151 asambleístas: el equivalente a un consejo directivo que toma decisiones estratégicas, debate proyectos y elige a las máximas autoridades.
Luego está el Consejo de Administración Legislativa (CAL), una especie de comité ejecutivo responsable de calificar los proyectos de ley, organizar la agenda institucional y manejar el presupuesto. Sería, en términos empresariales, la gerencia general.
Las comisiones especializadas permanentes y ocasionales operan como departamentos, cada una dedicada a un tema: economía, derechos, educación, ambiente o seguridad. Sin embargo, como en una compañía con exceso de divisiones, muchas veces hay duplicidad de funciones, burocracia interna y poca coordinación entre áreas.
Las bancadas legislativas, por su parte, serían los equipos internos o unidades de negocio. Cada una trabaja bajo su propia estrategia y liderazgo, lo que genera fragmentación y dificulta la alineación hacia un propósito común: servir a la ciudadanía.
Liderazgo sin resultados
Si la Asamblea fuera una empresa, estaría atravesando una profunda crisis reputacional. Su marca se percibe dañada, ineficiente y alejada de su “cliente” principal: la sociedad ecuatoriana.
Se trata de una organización burocrática, con procesos lentos, comunicación interna deficiente y ausencia de visión compartida. Cada área persigue sus propios intereses y la falta de planificación a largo plazo impide generar resultados sostenibles.
El liderazgo, además, es débil. Su presidente cumple un rol formal, pero con escasa autoridad real para alinear al equipo o imponer una estrategia conjunta. La cultura interna se basa más en la exposición mediática que en la gestión efectiva, lo que deriva en baja productividad y alto costo operativo.
En una empresa privada, un diagnóstico así obligaría a reestructurar la organización, revisar procesos y definir indicadores claros de desempeño. Pero en la Asamblea, esas métricas no existen: se trabaja sin medir resultados, sin metas y sin rendición de cuentas efectiva.
La consulta popular y sus implicaciones
En este contexto, la Consulta Popular de 2025 introduce preguntas que podrían transformar el modelo institucional.
Una de las más debatidas es la reducción del número de asambleístas, que propone pasar de 151 a alrededor de 73 miembros, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la eficiencia. La medida promete ahorrar costos, aunque también despierta dudas sobre la representatividad territorial.
Otra pregunta busca eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, obligándolos a sostenerse con aportes de afiliados y simpatizantes. Desde la lógica empresarial, sería como retirar los subsidios a una compañía que no genera valor, para forzarla a depender de su propio mercado.
Y finalmente, la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente abre la puerta a una transformación profunda: un “reinicio corporativo” que rediseñe desde cero la estructura, la cultura y los procesos del sistema político ecuatoriano.
Conclusión
Si la Asamblea Nacional fuera una empresa, su balance general mostraría números en rojo: baja productividad, liderazgo fragmentado y alto costo de operación. Una organización con exceso de personal, poca innovación y escasa conexión con sus usuarios.
Pero también tendría margen para reinventarse. La consulta popular y el debate público ofrecen una oportunidad para redefinir su propósito, fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana.
En el fondo, no se trata sólo de política, sino de gestión: de cómo una institución puede (o no) comportarse como una empresa moderna, eficiente y alineada con quienes la sostienen. En este caso, los verdaderos accionistas: los ecuatorianos.
